Responsabilidad patrimonial de la administración por accidentes en piscinas municipales

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11 Ago Responsabilidad patrimonial de la administración por accidentes en piscinas municipales

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Todas las instalaciones municipales (incluidas las piscinas) tienen la obligación de encontrarse en buen estado y en condiciones seguras para que no se produzcan daños evitables, pero a veces, las superficies resbaladizas, las profundidades de agua mal señalizadas o circunstancias de poco personal vigilando pueden provocar lesiones a los ciudadanos.

Ante todo, cabe destacar que el derecho de los particulares a percibir una indemnización como consecuencia de una lesión ocasionada por el funcionamiento de los servicios públicos es un derecho constitucional, establecido en el Artículo 106.2 de la Constitución Española desarrollado en los artículos  32 a 37 de la Ley  40/2015 de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público

Los requisitos necesarios que establece el Artículo 32 de la Ley 40/2015 para que proceda la indemnización al particular por parte de la administración pública, son los siguientes:

1.- En primer lugar, la lesión sufrida por el particular tiene que ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y que este funcionamiento tenga una relación de causalidad con los daños producidos, salvo en los casos de fuerza mayor (donde se excluye la responsabilidad).

2.- En segundo lugar, el daño tiene que ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas:

-Que sea efectivo implica que se haya producido de forma real, no puede ser un daño posible o potencial.

-Que sea evaluable económicamente implica que no puede tratarse de molestias, sustos o perjuicios subjetivos, sino que tiene que ser un daño físico, patrimonial o moral.

-Que sea individualizable implica que no puede suponer un perjuicio imputable a toda la sociedad en su conjunto.

3.- En último lugar, el daño tiene que ser antijurídico, ya que no puede tratarse de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

Si concurren estos requisitos, el ciudadano dispone de un procedimiento administrativo general y uno abreviado, regulados en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para reclamar la responsabilidad patrimonial de la administración.